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Declaración del Consejo Directivo de nuestra Facultad de Humanidades y Artes

Declaración de nuestro Consejo Directivo en torno a la situación de las Universidades Nacionales

La semana pasada, cientos de científicos, investigadores, becarios, docentes universitarios y dirigentes gremiales realizamos una protesta frente al Congreso para denunciar subejecución de partidas en Ciencia y Técnica y Educación Superior, en tanto que reclamaron mayores recursos para estos sectores ante la próxima discusión del Presupuesto 2019. Llevamos ya 3 semanas consecutivas de cese total de actividades en las universidades nacionales, vamos camino a una marcha nacional universitaria para el 30 de agosto y estamos participando de abrazos a las instituciones, clases públicas, jornadas de debate, marchas y otras actividades para difundir las alternativas del conflicto y coordinar acciones para visibilizar la crisis.

 

La crisis presupuestaria y salarial de las 57 universidades públicas argentinas es gravísima. Un deliberado proceso de desfinanciamiento ha afectado paulatinamente todas las actividades del sector. El gobierno anunció un recorte de $ 3000 millones de pesos a un presupuesto votado por el Congreso, para el 2018, de $ 103.000 millones. Si consideramos que, casi el 90% de ese presupuesto se destina al pago de salarios, la quita supone una considerable disminución de fondos para funcionamiento del conjunto del sistema. En consecuencia, las actividades de enseñanza, de producción de conocimientos, y todas las formas de vinculación con las necesidades del desarrollo productivo, cultural y social del medio están siendo desmanteladas con esta política de ajuste. Esta situación coloca a las universidades en emergencia y les impide asistir y acompañar a una población crecientemente golpeada por el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría

 

Ante los reclamos gremiales por una adecuada recomposición salarial, considerando el impacto de la inflación en los productos de la canasta básica y el incremento de tarifa de servicios, el Ministerio de Educación convocó a paritarias el 13 de mayo próximo pasado, cuando ofertó un incremento salarial de un 15 por ciento en cuatro cuotas – la última a pagar en 2019 – y sin cláusula gatillo. La masiva decisión de no iniciar las clases el 6 de agosto, provocó que el Ministerio volviera a ofrecer una propuesta considerada insuficiente: 15% de aumento salarial en tres tramos, 5% en mayo, 4% en agosto y 6% en octubre. Rechazada de plano, la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) pidió un cuarto intermedio para mejorar la oferta, pero la segunda propuesta —5,8% en agosto y 4,2% en octubre tampoco conforma, pues se exige un aumento del 25% con una cláusula de ajuste automático contra la inflación.

 

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que representa a las universidades públicas del país, ya demandó que se normalice el financiamiento del sistema educativo y científico, y que se atienda las necesidades salariales de profesores y trabajadores universitarios. Debido a la inflación creciente y a la devaluación del peso, el CIN pidió para 2019 un aumento presupuestario del 30 por ciento.

 

Estamos asistiendo en el país y en la región al despliegue de un proceso global de privatización y mercantilización de la educación y el conocimiento, que va en sentido contrario a la reivindicación emanada de la III Conferencia Regional de Educación Superior, realizada en la Universidad Nacional de Córdoba entre el 11 y el 14 de junio pasado: “la Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado”. Esta incuestionable definición exige que las políticas públicas garanticen efectivamente este derecho, que constituye la base del papel estratégico que las universidades públicas deben jugar en los procesos de desarrollo sustentable de los países de la región.

 

El Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades de la UNR reivindica la importancia de la universidad en la construcción de los proyectos de país y en la creación de pensamiento crítico y de largo plazo, hace suyos los reclamos reivindicativos de la comunidad académica y reclama, en consecuencia y manifiesta su adhesión y total apoyo a la comunidad de las universidades públicas argentinas en su reclamo frente al desfinanciamiento e insuficiente oferta salarial docente por parte del Gobierno Nacional.

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