Frente a los recientes acontecimientos de alto impacto institucional, como lo fue el fallo condenatorio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, consideramos necesario expresar nuestra preocupación por una tendencia no sólo de nuestro país sino también extensivo a distintos países de América Latina, respecto al proceso de judicialización política. Este fenómeno, lejos de contribuir al fortalecimiento institucional, tiende a erosionar la legitimidad del Poder Judicial, a deteriorar el equilibrio de los poderes del Estado y, en consecuencia, a debilitar el sistema democrático.
Reconocemos, por supuesto, que en una democracia todos los ciudadanos, sin distinción de cargo o trayectoria, pueden ser citados a comparecer ante la justicia. Sin embargo, esa premisa fundamental debe ir inseparablemente acompañada del derecho que toda persona tiene a ser juzgada en procesos transparentes, y con pleno respeto de las garantías constitucionales. La igualdad ante la ley no puede traducirse en arbitrariedad, ni la búsqueda de la justicia puede confundirse con decisiones que generen dudas sobre su motivación o imparcialidad.
Nos preocupa, además, que a las puertas de un nuevo proceso electoral el clima social se vea enrarecido y polarizado con la utilización de causas judiciales como herramientas de disputa política. El uso de causas judiciales, en este sentido, no hace otra cosa que enturbiar la deliberación democrática y seguir erosionando la ya debilitada credibilidad ciudadana.
Por ello desde la Facultad de Humanidades y Artes hacemos un llamado a quienes integran nuestra comunidad, pero también a la ciudadanía en general, autoridades, fuerzas políticas y referentes sociales, a actuar con responsabilidad, prudencia y apego al Estado de Derecho. La democracia se fortalece cuando se respetan los principios de la legalidad y la independencia de los poderes.